El Congreso de Tucumán y la declaración de la independencia: Repensar el acontecimiento desde una lectura global 

En este 2026 se conmemoran los 210 años de la formación del Congreso de Tucumán que declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Junto con la conmemoración de la Revolución de Mayo y la formación de la Primera Junta de Gobierno, constituye una de las efemérides más importantes de la actual República Argentina. Sin embargo, tanto en el imaginario colectivo, los textos escolares como en la opinión pública, persiste la idea de que el proceso de independencia fue una empresa lineal, y en cierto modo, predestinada. La argentinidad era una identidad colectiva que existía de forma preexistente en los habitantes del Virreinato del Río de la Plata, y que, tras el despertar emancipador, el destino natural fuese que las provincias constitutivas formasen parte de un Estado inspirado en los valores de la ilustración. Este texto no pretende ofrecer un recorrido exhaustivo por el proceso independentista. El propósito es más bien repensar y problematizar estos supuestos, sosteniendo como principal argumento que los procesos de independencia de los actuales estados modernos fueron complejos, contradictorios y contingentes, y no es posible entenderlos sin una lectura global del proceso. Lo acontecido en el Río de la Plata no implicó una excepción, sino como parte de un amplio proceso de transformaciones sociales, políticas y geopolíticas, que desde finales del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XIX, redefinieron el orden internacional y dieron lugar a nuevas formas de pensar y organizar la vida política de los estados.

La dirigencia rioplatense frente al nuevo escenario geopolítico

El escenario de las guerras napoleónicas fue un proceso realmente desafiante para Hispanoamérica. En medio de un complejo proceso limitado de reformas de inspiración ilustrada con el fin de salvaguardar el Imperio desde Carlos III, el cautiverio del Borbón Fernando VII reflotó el espíritu de la tradición hispánica de autogobierno, obligando a las distintas juntas de gobierno del imperio surgidas desde 1808 a desenvolverse entre múltiples conflictos en el tablero internacional. Lejos de una postura contundente frente al oportuno deseo de emancipación, la joven dirigencia criolla fue extremadamente cauta, en tanto que sabía que debía lidiar con varios frentes (diplomático, militar, interno), lo que explica las cambiantes actitudes moderadas y radicales frente a la idea de independencia, cuando el contexto político, geopolítico y militar lo exigía. En España, los reformistas procuraron evitar el colapso del imperio, acelerando reformas en medio de la guerra, manifestada en la constitución de Cádiz de 1812. No obstante, el retorno de Fernando VII en 1814 implicó la restauración del absolutismo y el abandono de aquellas reformas. Respaldado por las principales monarquías absolutistas, el rey propuso recuperar la totalidad de los dominios, entusiasmado por los éxitos militares de los realistas obtenidos en Chile, Alto Perú y Nueva Granada. Sin embargo, el proyecto de Fernando VII era inviable geopolíticamente. España había quedado profundamente devastada financieramente, y socialmente se encontraba polarizada tras la resistencia contra Napoleón. La evidente impopularidad de la dinastía borbónica generó que la guerra contra los realistas en América se profundizara. Pero la preocupación por el retorno del absolutismo en América no era la amenaza más importante para la dirigencia rioplatense. El intimidante ascenso del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, cuya corte se había instalado en Río de Janeiro desde 1808, y que había recibido la bendición de Gran Bretaña, mantenía abiertas aspiraciones expansionistas sobre el Río de la Plata desde el siglo pasado. Los rioplatenses estaban conscientes que un eventual enfrentamiento con los reinos ibéricos en una situación de fragmentación podría ser letal, por lo que la lectura geopolítica del momento los llevó a acercarse, y en lo posible, lograr el reconocimiento de la gran vencedora del nuevo orden internacional, Gran Bretaña.

El gran rival del imperio hispánico estaba en un momento geopolítico imponente. Además de controlar las principales rutas comerciales y liderar la revolución industrial, había logrado sofocar los proyectos imperiales de Francia y España en América, limitar la expansión de la revolución de las trece colonias en Canadá, y someter a los diferentes reinos del subcontinente indio a su favor. Su supremacía naval, comercial y financiera, le permitió establecer progresivamente las condiciones para que los emergentes estados americanos puedan adquirir reconocimiento diplomático y acceso a los mercados mundiales.

Los dirigentes rioplatenses comprendieron tempranamente el nuevo escenario geopolítico. El director supremo Carlos María de Alvear se apresuró a proponer un protectorado británico como forma de supervivencia política de las Provincias Unidas, pero se encontró con un fuerte rechazo popular. Otros dirigentes, como el caso de José Gervasio Artigas, líder de la Liga de los Pueblos Libres, adoptaron una estrategia más pragmática orientada a intereses comerciales, que permitiera el reconocimiento internacional sin comprometer la soberanía territorial. Sin embargo, lograr el respaldo político de la primera potencia mundial requería una autoridad política central, legítima y estable, bajo una sólida unidad territorial, cuestión que se transformó en el mayor desafío del proceso independentista.

Provincias Unidas o Desunidas 

En la narrativa histórica tradicional, muy común en textos escolares y obras de divulgación de aficionados, suele exponerse al Congreso de Tucumán como la culminación natural de un proceso iniciado en 1810. La realidad fue considerablemente más compleja. Lo cierto es que muchos dirigentes rioplatenses no deseaban que se repitiese una experiencia similar a la de 1810, es decir, con un Buenos Aires dominante e intimidante sobre el resto de las ciudades.

En este sentido, existía una clara fragmentación de intereses y objetivos. Por un lado, la dirigencia porteña aspiraba a encabezar el proceso emancipatorio, pero la consolidación de nuevas formas de poder político en la Banda Oriental, el Litoral y Paraguay denotaban una clara legitimidad cuestionada. A eso se le suma el factor de la guerra, dónde el plan continental de José de San Martín representaba una presión financiera y política para una élite dirigencial que consideraba otros asuntos más prioritarios que la emancipación definitiva del cono sur.

Con el fin de reconstruir la legitimidad de la autoridad central, se convocó a un Congreso que sesionó en San Miguel de Tucumán, con el claro propósito de no levantar sospechas a los representantes disidentes de que Buenos Aires replicara su hegemonía como en la revolución de 1810. En el mismo asistieron representantes de la propia Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mizque, Chichas y Charcas. La Paz y Potosí, no enviaron diputados debido a la ocupación realista. Quienes rechazaron la propuesta fueron aquellas provincias litoraleñas aliadas a Artigas, que habían desarrollado un proyecto político autónomo de perfil confederal desde 1815, bajo el nombre de la Liga de los Pueblos Libres.

Sin la adhesión de todos los territorios históricos del extinto virreinato del Río de la Plata, la fragmentación también se hizo evidente en el plano ideológico, específicamente en lo que refiere a la forma de gobierno. Un primer debate fue en torno al modelo de organización institucional, en tanto que la monarquía constitucional seguía siendo un modelo seguro para muchos dirigentes con el fin de lograr reconocimiento apresurado de las potencias. Otros en cambio propusieron un modelo republicano, con un claro mensaje de ruptura definitiva con el pasado realista e hispánico, aunque descartaron cualquier emulación de la experiencia jacobina con el fin de no generar desconfianza en las monarquías europeas.

La organización territorial fue otro de los grandes ejes del debate, y posiblemente el más profundo, que se materializó en una cruenta guerra civil. La discusión en torno a la distribución de la autoridad central y las provincias marcó buena parte de la historia política argentina del siglo XIX.

La dicotomía federalismo-unitarismo suele entenderse como un conflicto ideológico, un enfrentamiento entre quienes adherían a la tradición ilustrada francesa centralista contra el federalismo ilustrado norteamericano. Si bien esto es correcto parcialmente, la problemática entre centralismo o descentralización estuvo presente desde mucho antes en el debate interno rioplatense, y se explica también no solo por principios ideológicos sino también por otros factores como los económicos y geopolíticos.

Los unitarios consideraban que un sólido gobierno central era más confiable de ser admitido y reconocido por las potencias internacionales. Este era el modelo ansiado por la elite portuaria de Buenos Aires, que tenía a su favor el poder de la aduana. Pero también fue respaldado por varias elites dirigenciales de ciudades del interior, que se encontraban en un estado calamitoso económico por la guerra de independencia, y deseaban (o sostenían) que con un gobierno central la distribución de recursos sería más provechosa para ellos. En cambio, entre los adherentes al federalismo estaban quienes consideraban que las provincias habían reclamado legítimamente su soberanía tras la acefalía real, y que por lo tanto la soberanía plural significaba un gobierno nacional limitado consensuado entre provincias, que lo hacía más seguro y estable a largo plazo en términos institucionales y diplomáticos. Esta postura fue defendida principalmente por dirigentes y hacendados de las provincias litoraleñas, que presentaban ventajas comparativas económicas que ofrecías los ríos Paraná y Uruguay, como corredores naturales hacia el interior sudamericano, conectando con Paraguay y el sur de Brasil. Abogaban por el modelo federal no solo por convicciones ideológicas, sino también estratégicas, puesto que dicha forma de gobierno les permitiría posicionarse con autoridad en una región clave para el comercio sudamericano y la influencia internacional.

Esto no quiere decir que no hubiera posturas fundamentadas desde el plano ideológico y filosófico, pero sí explica por qué numerosos actores del proceso alternaron posturas federales o unitarias a lo largo del conflicto. Lo mismo podemos señalar en torno al debate económico. Varias figuras políticas variaron sus posturas defendiendo el librecambismo o el proteccionismo según las cambiantes circunstancias nacionales e internacionales. Estas aparentes contradicciones no deben entenderse como simple oportunismo político o intereses de clase, sino más bien como diferentes formas de lectura de la realidad nacional e internacional por parte de los actores en disputa, en un claro contexto de transformaciones aceleradas en la esfera política, social y económica a escala global.

Un Estado por construir, una independencia por reconocer

El Congreso de Tucumán estuvo lejos de ser un proceso unificado y representativo. No estuvieron representadas todas las provincias herederas del antiguo Virreinato rioplatense, tampoco se definió la forma de gobierno y la organización territorial. Incluso quedo abierta la posibilidad de una integración política con territorios sudamericanos emancipados, aunque claramente no era una prioridad de sus principales dirigentes. Asimismo, la declaración de independencia fue traducida y difundida en diversas lenguas indígenas, sin embargo, ninguna parcialidad o comunidad originaria fue convocada o invitada a participar en el congreso.

Desde una perspectiva geopolítica, la declaración si fue relevante. El gesto fue decisivo para que las potencias comprendieran que los dirigentes rioplatenses no volverían atrás en su proyecto de concebirse como estado independiente, y se mostraban dispuestos a integrarse al concierto de naciones. Las Provincias Unidas no eran una potencia económica o militar, pero presentaba un valor estratégico para las potencias. Al atractivo por la pampa húmeda en torno a la actividad ganadera, se le sumaba la relevancia geográfica del Río de la Plata como vía de entrada al interior de Sudamérica y, por ende, a importantes rutas de navegación fundamentales para la apertura de nuevos mercados, incluyendo los recursos pesqueros en el Atlántico Sur.

Además de Gran Bretaña, que reconoció la independencia en 1825, otras potencias buscaron ampliar su influencia, de manera directa o indirecta sobre el joven estado, lo que se reflejó en el progresivo reconocimiento. Uno de los primeros en hacerlo fue Estados Unidos en 1823, bajo la política estratégica de la Doctrina Monroe. Francia reconoció la independencia en 1831, tras la Revolución de Julio, adoptando una política amistosa hacia los emergentes estados americanos, con el claro propósito de ampliar su influencia en la región. Portugal, cuyo poderío había disminuido significativamente en comparación con el siglo anterior, lo hizo en 1820. El Imperio del Brasil, principal rival estratégico de las Provincias Unidas, reconoció el facto la independencia en 1823, no así la soberanía de esta sobre la Banda Oriental, motivo que generó la contienda bélica. España, en un contexto nacional e internacional muy diferente, recién reconocería la independencia formalmente en 1863, logrando la definitiva normalización diplomática entre ambos estados.

Como colorario a este breve texto, si bien no se han abordado otros aspectos fundamentales del proceso de independencia, se pretende invitar a repensar los procesos históricos más allá del acontecimiento o la efeméride, con el fin de comprender que las experiencias históricas de esta magnitud no constituyen hechos aislados, excepcionales ni el resultado de procesos lineales. Por el contrario, además de estar atravesados por múltiples factores sociales, políticos y económicos, son producto de un contexto de transformaciones estructurales de alcance internacional. Este enfoque resulta fundamental no solo desde una perspectiva científica, sino también para nuestra propia comprensión de la realidad, puesto que nos permite advertir que diversas problemáticas sociales de la actualidad tienen su origen en procesos históricos a escala global.

Lic. Pablo Sánchez
Becario de Finalización de Doctorado CONICET
Directora: María Silvia Leoni

NECEPS – Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre Estado, Política y Sociedad
Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI – CONICET / UNNE)