8M: Desigualdades persistentes en tiempos de retroceso

En el 2026, la UNESCO y las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de las Mujeres bajo el lema: Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y las niñas. Pero además de los eslóganes, el 8M recuerda más de un siglo de luchas, funcionando como una jornada de memoria histórica y acción política. En Argentina se transformó en una fecha de protesta feminista, vinculada con las movilizaciones promovidas por el #NiUnaMenos. Este texto no busca hablar en su nombre, ni reemplazar sus voces, sino que se propone realizar un aporte sobre las condiciones materiales que atraviesan la vida de muchas mujeres en Argentina y particularmente en el nordeste.

Performar una feminidad en el NEA implica enfrentar condiciones de vida atravesadas por desigualdades estructurales que se materializan, entre otras dimensiones, en mayores condiciones de precarización laboral, dedicación casi exclusiva a tareas domésticas y de cuidado, y persistencia de violencias por motivos de género. Esta fecha, hace posible la generación de una instancia de memoria política, un ejercicio colectivo urgente en regiones históricamente marcadas por desigualdades socioeconómicas, en las que las brechas de género adquieren mayores niveles y donde los discursos negacionistas de la desigualdad estructural, parecen seducir de forma más directa ante la carencia de contradiscursos que puedan instalar debates capaces de expresar que estas problemáticas tienen incidencia directa en la vida de las personas.

Negar la brecha salarial no borra la desigualdad que produce

De acuerdo con el dosier estadístico publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en conmemoración del 115° Día Internacional de la Mujer, se releva que las mujeres tienen mayores índices de acceso, permanencia y graduación al interior de sus trayectorias educativas pero que esto no garantiza una participación similar a la de los varones en el mercado laboral. Las mujeres presentan mayor prevalencia en la informalidad y sus dedicaciones se ubican en ramas de servicios relacionados a la educación, la salud y los hogares particulares que, por lo tanto, se vinculan a menores remuneraciones.

En la Actualización del diagnóstico federal de políticas productivas con enfoque de género en Argentina realizada por la Organización Internacional del Trabajo (2023), en el NEA las mujeres ocupan menos de un tercio del empleo privado formal. En este sentido, el análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) basado en la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondiente al tercer trimestre de 2024 en el Gran Resistencia, advierte que la informalidad laboral alcanza al 38,6 % de las mujeres, por encima del 35 % registrado entre los varones. Esta brecha se amplía en las mujeres de entre 16 a 24 años donde la informalidad llega al 69,5 %. Parte de esta desigualdad se explica por la feminización del trabajo doméstico remunerado.

Ester Kandel (2006) en su obra División sexual del trabajo ayer y hoy: una aproximación al tema, advierte que, en la actualidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es reconocida legalmente. Las mujeres se incorporaron en la mayoría de las tareas tradicionalmente destinadas a los hombres y públicamente se sostiene que la función reproductora no entra en contradicción con la producción, pero que las desigualdades prevalecen. Lo anterior se intensifica en contextos de crisis económica, ya que la precarización laboral y el deterioro de los ingresos incrementan la carga de trabajo doméstico y de cuidado que recae principalmente en las mujeres. Paradójicamente, mientras se produce este proceso de deterioro, ese trabajo históricamente invisibilizado, mantiene funcionando el sistema económico.

La figura del femicidio no es un privilegio penal: es reconocer una violencia que tiene género

La situación de precariedad estructural en términos de acceso, permanencia, regularización laboral, brecha salarial y su combinación con las tareas domésticas y de cuidado, se ve además influida por la persistencia de la violencia por motivos de genero que encuentran en el femicidio su máxima expresión de crueldad y exterminio.

De acuerdo con el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025 se registraron 247 víctimas de femicidio confirmadas. Con 8 crímenes, Chaco se ubicó en el segundo lugar de la región con mayor cantidad de femicidios, antecedido por Misiones con 15, Formosa con 4 y Corrientes con 1. Desde el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” relevaron que entre el 1 de enero y el 27 de febrero del 2026, hubo 43 víctimas fatales de violencia de género en todo el país. De ese total, 35 fueron femicidios directos, 5 femicidios vinculados, 2 instigaciones al suicidio y 1 travesticidio.

Frente a esta situación de violencia sostenida, Rita Segato (2016) en su obra La guerra contra las mujeres, apela al término de femigenocidio para analizar las formas en que el cuerpo de la mujer es el territorio en el que la crueldad se especializa como mensaje, se sella el pacto de complicidad en el poder y se espectaculariza su arbitrio exhibicionista. Y esto actualiza su relevancia en el contexto contemporáneo donde los discursos públicos proferidos desde el poder, niegan las desiguales de género, relativizan sus acontecimientos y construyen argumentos falaces sobre la búsqueda de establecer jerarquías de valor diferenciales entre varones y mujeres. La igualdad ante la ley suena bien hasta que se presta atención a quiénes mueren y qué condiciones lo hacen.

El ajuste no es neutral: la motosierra también tiene género

Las violencias se inscriben además en un contexto de desfinanciamiento y desmantelamiento de políticas públicas, cierre de programas de acompañamiento y recorte presupuestario destinado a prevenir y erradicar la violencia de género. Así lo advierte el informe de Amnistía Internacional (2025) titulado: La ofensiva contra los derechos LGBTI+ en Argentina: Estado de situación: políticas en retroceso, violencia contra las personas LGBTI+ y barreras en el acceso a la justicia. Desde el 2023 se disolvió el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); en 2025 se eliminaron 13 programas del Ministerio de Justicia destinados a prevenir y atender situaciones de violencia; se suspendió definitivamente el Programa Acercar Derechos (PAD), que brindaba acompañamiento territorial a personas en situación de violencia; el Programa Acompañar, que otorga apoyo económico a personas en riesgo por violencia de género, fue restringido; se distribuyó solo 3,4 % de los tratamientos hormonales previstos en el presupuesto 2024; el Programa Nacional de Educación Sexual Integral tuvo el presupuesto más bajo en siete años y no recibió partidas en 2025, algo inédito desde la sanción de la ley en 2006.

Fotografía: Sofía Miranda.

El 8 de marzo es una oportunidad para detenerse y mirar con atención cuáles son las condiciones de vida de las mujeres en el nordeste argentino, pero advirtiendo cómo las mismas se inscriben en un entramado mayor, condicionado por políticas públicas, pero fundamentalmente por su falta en el contexto contemporáneo. En un país atravesado por desigualdades persistentes, la intervención del Estado no es un gesto simbólico asociado a un contexto político, sino una condición de posibilidad vital. Debe ser un recordatorio de que, así como los derechos se conquistan, pueden perderse, porque donde el Estado se retira, vuelve la libertad. La libertad de construir una sociedad con base en la desigualdad.

Por el Dr. Alejandro Silva Fernández